Una pancarta que rezaba "Acabemos con el negocio de la vivienda" lideró la marcha. Detrás iban los convocantes de la Plataforma per un Habitatge Digne. Entre la multitud se pudo ver a representantes políticos de PSOE, Més per Menorca, Unides Podem y otras formaciones de ámbito local.
Ante el Ajuntament de Maó y la Dirección Insular de la Administración general del Estado se hicieron parlamentos en los que se pidió una reducción de los precios de los alquileres en un 50% porque en la actualidad el coste de la vivienda ahoga muchas economías familiares e impide emanciparse a los jóvenes. Otra de las principales peticiones es la posibilidad de firmar alquileres de muy larga duración para evitar que cada cinco o siete años los arrendatarios deban cambiar de domicilio para que los propietarios apliquen incrementos sustanciales en el precio de los alquileres.
También se quiere un incremento del parque de vivienda pública, un mayor control de los alquileres turísticos ilegales que impiden destinar dichas viviendas a los residentes y prohibir los grupos de desokupación.
Menorca se sumó así a las manifestaciones que se realizaron por toda España por este mismo motivo. En Palma salieron a la calle 3.500 personas y en Eivissa apenas 120, según fuentes de la Policía Nacional.
