Los servicios mínimos durante la huelga convocada por el personal de IB3 del 22 al 25 de junio garantizan la retransmisión del Primer Toc y los Jocs des Pla de las fiestas de Sant Joan, así como los informativos del mediodía y la noche, que, sin embargo, ven reducida su duración a poco más de media hora.
La resolución dictada este jueves por la consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas, justifica la retransmisión en directo de ambos actos desde Ciutadella por ser los más multitudinarios y por la presencia del ente público, considerada esencial para garantizar la seguridad y minimizar el riesgo de incidentes.
Ambas retransmisiones, desde las 12.55 a las 14.05 horas del 23 de junio el Primer Toc y desde las 20.30 a la 1 de la madrugada del 24 de junio los Jocs des Pla, eluden la huelga "por razones de seguridad y orden público, ya que ayudan a descongestionar los principales escenarios de la fiesta".
La cobertura especial con motivo de las fiestas, que se veía amenazada por el paro, motivó la inmediata reacción del alcalde de Ciutadella, que dirigió una petición para garantizar ambas emisiones.
No obstante, con la huelga quedan fuera de emisión el Primer Toc del Diumenge des Be (22 de junio) y el Caragol des Born (23 de junio), que desde 2006 también acostumbran a ser programados por el canal.
En cuanto a los informativos de televisión, su duración pasa de los 86 minutos habituales el mediodía a 40, mientras que el de la noche se reduce de 65 minutos a 30.
En radio se garantizan los boletines horarios y se acortan los informativos de la mañana y el mediodía.
Los servicios mínimos rebajan en un 89,97 % la programación habitual de la Radiotelevisión Pública y en un 47,83 % el número de trabajadores necesarios para llevarlos a cabo.
Pese a ello, la convocatoria se mantiene, ya que la reunión celebrada durante la mañana en el Tribunal de Arbitraje y Mediación (TAMIB) ha finalizado sin acuerdo y no se prevén nuevos encuentros antes de las fiestas.
El personal convocó la huelga el 9 de junio para protestar por el incumplimiento de las promesas de internalización, que la Dirección General de la Función Pública lleva demorando desde hace dos años. EFE
