La justicia española entra en una nueva etapa con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, también conocida como la Ley de Eficiencia de la Justicia. Esta ambiciosa reforma plantea una transformación estructural del sistema judicial, y pone en el centro de su modelo los Medios Alternativos de Solución de Controversias (MASC). En Menorca, la implementación de estos cambios despierta interrogantes sobre la preparación de los juzgados para adaptarse a este nuevo marco legal, especialmente en los municipios más pequeños y alejados de los núcleos judiciales tradicionales.
Uno de los cambios más visibles que introduce la ley es la conversión de los actuales juzgados de paz en Oficinas de Justicia. Estas nuevas oficinas no solo mantendrán funciones tradicionales, sino que asumirán competencias ampliadas. Entre ellas se incluyen la tramitación telemática de actos procesales, la asistencia directa a los ciudadanos en la presentación de demandas y recursos, y la conexión con las distintas administraciones locales y judiciales.
Este rediseño institucional busca acercar la justicia a la ciudadanía, especialmente en las zonas rurales como gran parte de la geografía menorquina, evitando desplazamientos a las capitales de provincia para gestiones básicas. La digitalización y descentralización que promueve esta reforma se presentan como claves para una justicia más accesible y eficaz.
Sin embargo, uno de los elementos más transformadores de la Ley Orgánica 1/2025 es la obligatoriedad del uso de los MASC antes de acudir a los tribunales en conflictos civiles y mercantiles. Esto implica que, para resolver disputas de carácter privado o empresarial, las partes deberán demostrar haber intentado previamente resolver el conflicto mediante alguna de las fórmulas alternativas reconocidas por la ley. La experta en mediación Mercè Pomar explicaba en una entrevista reciente en Radio Menorca que duda de cómo puedan adaptarse las nuevas condiciones de trabajo en las actuales oficinas de los Juzgados de Paz de Menorca. ¿Cuánto tiempo y esfuerzos necesitarán para hacerlo efectivo cuando a día de hoy ya es Ley?
Estos medios incluyen la mediación, la conciliación, la oferta vinculante confidencial, la opinión de una persona experta independiente, el derecho colaborativo y la justicia restaurativa. En la práctica, esto significa que si, por ejemplo, dos empresas menorquinas tienen un desacuerdo comercial, deberán buscar primero una solución a través de la mediación u otro MASC, antes de presentar una demanda formal ante un tribunal.
El objetivo es claro: fomentar el diálogo, reducir la carga de trabajo de los juzgados y ofrecer soluciones más rápidas y adaptadas a las necesidades de las partes implicadas. No obstante, para que esta transformación sea efectiva, será fundamental la formación del personal judicial y administrativo, así como la creación de infraestructuras que garanticen la correcta aplicación de los MASC en toda la isla.
Las Oficinas de Justicia tendrán un papel clave no solo en el acompañamiento ciudadano, sino también en facilitar el acceso a estos mecanismos alternativos. Podrán orientar a los usuarios, derivarlos a servicios especializados y garantizar que los trámites telemáticos se realicen con seguridad y agilidad.
La pregunta que muchos se hacen en este momento es si los recursos disponibles en Menorca están preparados para asumir estos retos. Aunque la ley marca un horizonte claro de modernización, la implementación efectiva dependerá del esfuerzo coordinado entre instituciones, profesionales del derecho y ciudadanía.
Además, es necesario que se desarrollen campañas informativas y acciones de formación que permitan a la población comprender el funcionamiento y los beneficios de estos nuevos mecanismos, superando la tradicional resistencia a resolver los conflictos fuera del ámbito judicial.
¿Están preparados los Juzgados de Menorca para asumir el nuevo cambio normativo para hacer mediación?
