José Luis Mateo asumió el cargo de conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern balear el pasado 19 de julio de 2024, tras la marcha de Marta Vidal. En apenas diez meses, asegura haber consolidado una hoja de ruta basada en cuatro pilares: la promoción pública, la colaboración con el sector privado, el aprovechamiento del parque de viviendas existente y la agilización urbanística.
José Luis Mateo tomó posesión del cargo de conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern balear el 19 de junio de 2024 en sustitución de Marta Vidal. Sólo lleva 10 meses en el cargo, pero parece que sean dos años.
¿Puede hacer una valoración de estos 10 meses en el Govern?
— La verdad es que llegué con la tranquilidad de que había una buena base sobre la que trabajar. Ya se habían puesto en marcha avances importantes, como la Ley de Emergencia Habitacional, la conocida como Ley 3/2024, que ha sentado las bases de todas las estrategias y programas actuales. Además, cuento con un equipo consolidado de cuatro directores generales que, en sus respectivas áreas, son excelentes profesionales. Esto me ha permitido afrontar este reto con seguridad.
En materia de movilidad, ¿también está satisfecho?
— Se ha trabajado muchísimo en materia de movilidad. Tuve la oportunidad, primero como diputado, de colaborar en la aprobación de la Ley del Taxi, que fue por unanimidad en este Parlamento. Continuamos trabajando en un mejor transporte público para convertirlo, de verdad, en una alternativa real al transporte privado. Tenemos un programa electoral que contempla un conjunto de medidas, y se trata de llevarlas a la práctica. Y esas patas básicas y esenciales que tenemos en todas y cada una de las materias, seguiremos desarrollándolas para cumplir con la palabra dada.
¿Se ha arrepentido en algún momento de haber aceptado el cargo?
— En absoluto. No me he arrepentido ni un segundo. Asumí el reto sabiendo que es complicado, pero creo en el programa y en las políticas que estamos desarrollando.
Desde el Gobierno central se acusa a las comunidades autónomas gobernadas por el PP de incumplir la Ley estatal de Vivienda, especialmente en lo relativo al control de precios en zonas tensionadas. ¿Qué responde a esa acusación?
— Me llama la atención esa afirmación. Nosotros cumplimos la ley en todo momento. Hay que recordar que las comunidades autónomas tenemos la competencia exclusiva en materia de vivienda, según nuestros Estatutos de Autonomía. El Estado puede establecer normativa básica, sí, pero no puede imponer determinadas medidas que, además, han fracasado estrepitosamente allí donde se han aplicado. Cataluña, por ejemplo, ha visto reducida su oferta de pisos en alquiler tras aplicar el control de precios. Nuestro problema principal es de oferta, y limitar los precios solo agrava esa escasez. Por tanto, no vamos a topar el precio del alquiler.
No vamos a topar el precio del alquiler: reduciría aún más la oferta
Por cierto, la ley estatal de vivienda impone una excesiva protección a la okupación que nosotros no entendemos. El PP aprobó en el Senado una ley antiokupas que está parada por la presidenta Francina Armengol. Nosotros entendemos que hay que proteger el derecho a la vivienda, pero también el derecho a la propiedad privada. La protección de ambos derechos requiere de la aprobación de esa ley antiokupación, pero, de momento, está paralizada.
¿Qué medidas está adoptando el Govern para aumentar la oferta de vivienda a precio asequible?
— Nuestra estrategia se basa en cuatro grandes pilares. El primero es la ya mencionada Ley de Emergencia Habitacional, que incluye medidas como permitir la conversión de locales en viviendas, la división de viviendas o la ampliación en altura. Segundo, el programa ‘Construir para alquilar’, que permite a la iniciativa privada construir sobre suelo público cedido durante 75 años, tras los cuales vuelve a la Administración. El tercer pilar es el programa ‘Alquiler seguro’, diseñado para aflorar pisos que no estaban en el mercado de alquiler por inseguridad jurídica. Hemos introducido mejoras para facilitar la incorporación de propietarios, como aceptar la declaración responsable en lugar de exigir la cédula de habitabilidad desde el inicio. Ya contamos con más de 100 inmuebles en proceso de firma y más de 400 propietarios interesados.
Y el cuarto pilar es la promoción pública de vivienda a través del IBAVI, que sigue siendo esencial. Ya hay más de 900 viviendas planificadas, y si se aprueban los presupuestos, será uno de los más altos en la historia del IBAVI. También estamos entregando promociones heredadas del anterior Govern que no fueron terminadas.
La oposición critica la lentitud en la entrega de estas viviendas. ¿A qué se debe?
— Entendemos la urgencia, pero hay promociones que no se pueden entregar porque necesitan reparaciones o mejoras. Algunas llevaban apenas un 5% o un 11% de ejecución. Hemos entregado todas las que han sido susceptibles de ser entregadas. Y seguimos trabajando para que las nuevas promociones se ejecuten en tiempo y forma.
Entonces, ¿de cuántas viviendas estamos hablando?
— El plan de choque está concebido para lograr un total de 7.000 viviendas. Eso se dijo desde el primer día. Ahora mismo, estamos en situación de poder decir que tenemos planificadas cerca de 5.000. Y nuestra estimación con el programa ‘Alquiler seguro’ es lograr entre 2.000 y 3.000 viviendas que no estaban en alquiler.
¿No le parece que van un poco lentos?
— En estos 10 meses que llevo en el cargo no sé cuántas veces la oposición me ha interpelado, preguntando “¿cómo es que no tenéis ya más viviendas a disposición de los ciudanos?”. El balance de ocho años de gobierno del Pacte es que tardaron cinco años, más de una legislatura, en tener la primera promoción del IBAVI. Y era de cinco viviendas.
En los ocho años del Pacte, tardaron cinco años en tener la primera promoción de cinco viviendas del IBAVI
Quizá fuera porque se priorizaba obtener premios de arquitectura…
— Pues será por eso. Que les preocupaban más los premios que hacer viviendas asequibles para ciudadanos. Y quiero recordar que la medida estrella del Pacte, expropiar a grandes tenedores, fueron 16 viviendas. Nosotros hemos puesto en marcha el programa ‘Alquiler seguro’ en febrero y ya contamos con 27 viviendas. Vuelvo a repetir que tenemos cerca de 5.000 viviendas planificadas a precio limitado y más de 900 planificadas en el IBAVI.
La medida estrella del Pacte solo logró 16 viviendas expropiadas a grandes tenedores
¿Qué opinión le merece la propuesta de restringir la compra de vivienda a no residentes?
— Como Gobierno, lo primero que tenemos que hacer es cumplir la ley. La normativa comunitaria garantiza la libre circulación de personas, capitales y servicios. Eso incluye el derecho a comprar bienes inmuebles. Algunos países como Dinamarca o Malta tienen excepciones, pero eso lo negociaron en sus tratados de adhesión. España no lo hizo. Por tanto, plantear esa restricción es inviable legalmente y nos llevaría a incumplir normativa europea.
¿Cómo valora el impacto del alquiler turístico ilegal en la disponibilidad de vivienda para residentes?
— El problema de la vivienda es multifactorial y este, sin duda alguna, es uno de los factores que influye. Pero hasta esta legislatura no se ha hecho absolutamente nada para luchar contra la oferta del alquiler ilegal. Es ahora, desde los Consejos Insulares, que se está haciendo un trabajo brillante. Tenemos que ser absolutamente implacables. Existe máxima colaboración y aunque no es estrictamente de nuestra competencia, cuentan con todo nuestro apoyo y nuestra colaboración.
Hasta esta legislatura no se ha hecho absolutamente nada para luchar contra la oferta del alquiler ilegal
¿Habrá en esta legislatura más nuevas normas en materia de vivienda?
— De momento tenemos sobre la mesa un proyecto de ley importantísimo y muy complejo, que se convalidó la semana pasada y es el referido a la agilización de suelos urbanizables en el municipio de Palma. Si ese proyecto de ley avanza, se hará extensible al resto de islas y también incluso en las áreas de transición bajo determinadas circunstancias. Y seguimos trabajando en una nueva ley de vivienda.
Hablemos de territorio. La oposición les acusa de depredar el territorio con el decreto de liberalización de suelo.
— El objetivo que tiene este Govern es buscar viviendas asequibles para residentes. Hablamos de liberar suelos urbanos y urbanizables. Por lo tanto, son suelos que ya de por sí, conceptualmente hablando, están destinados para ser construidos. Tenemos una situación de emergencia habitacional y tenemos que poner medidas urgentes y también de extrema necesidad sobre la mesa. Agilizamos los procedimientos al máximo. Cuando la urbanización, reparcelación y ordenación, tardaba 10 o 12 años, en un único procedimiento puede tardar dos años.
Una entrevista de Joan Miquel Perpinyá para Mallorcadiario.com
