La Asociación de Usuarios de Amarre de Gestión Directa del Puerto de Maó “Es Jonquet” muestra su inquietud y rechazo ante la decisión de la Autoridad Portuaria de Baleares de sacar a concurso la gestión de los pantalanes 2 y 3, ante Sa Llotja , a fin de que se hagan cargo las empresas privadas.
La decisión, en este sentido, tomada por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares —en cuyo seno no hay representación directa de los usuarios, pero sí de diversas patronales con intereses portuarios— fue publicada en el BOE el 14 de noviembre de 2024 y colgada en el tablón de anuncios de la APB el 31 de enero de 2025.
Nuestra asociación, que está presente en el Consejo de Navegación y Puerto, tampoco fue consultada ni informada, aplicándose la vía —por parte de la APB— de los hechos consumados.
Existen, según el listado que consta en el expediente, en torno a 60 embarcaciones afectadas —actualmente en gestión directa— que se verán abocadas a un futuro incierto y que irá en detrimento de las personas con menos capacidad de hacer frente a la subida de las cuotas (hasta el doble como tarifa de referencia respecto a la tarifa actual que contempla el expediente de la concesión) y en —como es conocido— provenientes de fuera de la isla y vinculados al negocio turístico.
No entendemos estas decisiones de la APB más que en clave de rendición a las presiones de las patronales náuticas, que tienden a menudo a valorar las perspectivas del negocio en función del corto plazo y no de las demandas de la población residente y su presencia en el mercado —en contextos de sostenibilidad económica y ambiental— a medio y largo plazo.
Tememos que la decisión tomada por parte de la APB no sea más que la puerta de entrada a todo un proceso impuesto y hecho a espaldas de los residentes, de nuevas privatizaciones de la gestión de los amarres, cuyo fin sea la liquidación total e irreversible de la gestión pública, con todas las implicaciones que ello conlleva.
No se trata simplemente de una cuestión de cuotas, sino de la concepción de la función prioritaria de los amarres de gestión pública y su repercusión en la idea de puerto y en la calidad de vida de los residentes todo el año, así como del tipo de vinculación entre ciudad y puerto, tanto como del propio modelo de vida y actividad portuaria.
No es lo mismo favorecer un tipo de actividad náutica mercantil, con demanda de alto poder adquisitivo, que favorecer un uso recreativo asequible para un amplio sector de la población local, tradicionalmente asociado al disfrute mesurado de nuestro puerto, a menudo vinculado a la práctica de la pesca artesanal o a una actividad recreativa de carácter familiar poco agresiva.
Cerca de 500 usuarios de gestión directa en el Port de Maó sabemos muy bien cuáles son las presiones que recibe la APB y el tipo de intereses que suelen estar representados en su Consejo de Administración; conocemos la “filosofía” que los guía en los procesos de toma de decisiones, siempre en contra de la gestión directa. No nos parece una buena orientación, como tampoco nos parece un buen precedente la decisión tomada relativa a la privatización de la gestión de los pantalanes delante de Sa Llotja, y menos aún sin comunicación previa ni consideración de ningún tipo hacia la opinión y las demandas de los usuarios directamente afectados.
