Entre las reivindicaciones de los convocantes destaca una reducción de los precios de los alquileres en un 50% porque en la actualidad el coste de la vivienda ahoga muchas economías familiares e impide emanciparse a los jóvenes. Otra de las principales peticiones es la posibilidad de firmar alquileres de muy larga duración para evitar que cada cinco o siete años los arrendatarios deban cambiar de domicilio para que los propietarios apliquen incrementos sustanciales en el precio de los alquileres.
También se quiere un incremento del parque de vivienda pública, un mayor control de los alquileres turísticos ilegales que impiden destinar dichas viviendas a los residentes y prohibir los grupos de desokupación.
