Agentes de la Policía Nacional han impuesto sanciones a siete titulares de viviendas del municipio de Maó tras constatar 55 empadronamientos irregulares en varios domicilios particulares. Las multas, que se enmarcan en las acciones de control del cumplimiento de la normativa de Extranjería, van desde los 4.000 hasta los 21.000 euros.
En total, los investigadores revisaron 114 inscripciones padronales en los inmuebles inspeccionados y comprobaron que casi la mitad —55— correspondían a personas que no residían en las direcciones declaradas. Las sanciones se basan en el artículo 53.2.d de la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, que reformó la Ley de Extranjería y califica como infracción grave «consentir la inscripción de un extranjero en el Padrón Municipal cuando la vivienda no constituya su domicilio real». La norma contempla multas individuales por cada alta fraudulenta.
Aprovechamiento de la vulnerabilidad
Durante las inspecciones, los agentes detectaron que algunos propietarios o arrendatarios se lucraban cobrando a extranjeros sin permiso de residencia para empadronarlos, aun sabiendo que nunca vivirían allí. En uno de los casos investigados, el titular del inmueble fue multado por obtener un beneficio económico ilícito mediante esta práctica. Una de las personas afectadas reconoció a los policías haber abonado una cantidad de dinero a cambio de figurar en el padrón, sin haber residido jamás en la vivienda.
Consecuencias penales y económicas
La Policía Nacional recuerda que estos hechos pueden constituir infracciones graves o muy graves. Las sanciones oscilan entre 501 y 10.000 euros para las graves y de 10.001 a 100.000 euros para las muy graves, además de posibles responsabilidades penales en casos de reiteración o lucro organizado.
Los dispositivos de control continúan activos en otros domicilios del municipio con el objetivo de detectar nuevos casos de empadronamiento ficticio y perseguir a quienes se aprovechan de la situación de vulnerabilidad de ciudadanos extranjeros.
