El Gobierno trabaja en un inventario de beneficiarios del trabajo forzado de los presos políticos en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática estatal, pero en Baleares no hay un usufructo directo de esa explotación por parte de empresas privadas o públicas, según explica a EFE la historiadora Maria Eugènia Jaume.
Jaume es autora de 'L’univers concentracionari a les Illes Balears (1936-1942)', un exhaustivo estudio sobre los campos de trabajo y concentración del archipiélago, tanto los instalados en la guerra y la posguerra en Mallorca e Ibiza, donde el bando sublevado dominó desde el golpe de Estado fallido, como las prisiones de Menorca, isla que permaneció del lado de la República hasta febrero de 1939 y acogió después campos de represión franquistas.
"En España hubo empresas que se aprovecharon, pero el caso balear es diferente. Aquí se conformó un universo paralelo claro, tipología de prisioneros diferente, tipología de obras diferentes, intereses diferentes", señala la historiadora, que trabaja ahora en la edición como libro de su tesis doctoral.
En Mallorca, donde se concentró el 90 % del total de trabajadores forzados del archipiélago, nada más triunfar la sublevación las nuevas autoridades hicieron prisioneros políticos, los llamados 'gubernativos', "sin seguir las normas". A partir de junio de 1937, el régimen organizó unidades de trabajadores mantenidas hasta el final de la guerra.
"Aquí mandaron a gente de la Península"
A partir del triunfo franquista de abril de 1939 y hasta diciembre de 1942, se instauran en la isla los batallones de trabajadores, llamados a partir de 1941 'disciplinarios', y nutridos principalmente con prisioneros peninsulares, "de Extremadura, País Vasco, Valencia y Murcia", y de otras regiones en menor medida, detalla Jaume.
"Los gubernativos eran inicialmente mallorquines, pero al final de la guerra, cuando pudieron transportarlos, los mandaron lejos; muchos cayeron en Andalucía y en el protectorado de Marruecos, y aquí mandaron a gente de la Península", abunda.
Al castigo del trabajo forzado en condiciones severas, la dictadura sumaba el alejamiento de la tierra de origen, que conllevaba una dificultad añadida a la hora de recibir comida, ropa o dinero de la familia.
Estos presos 'desterrados' conformaron los batallones que, bajo la dirección del Ministerio del Ejército, construyeron y ampliaron la red de carreteras del sur de Mallorca, y también algunas al oeste (Calvià), norte (Sóller y Pollença) y el este (Artà).
En total, habilitaron unos 160 kilómetros de calzadas con propósitos militares, ya fuera por la proximidad con emplazamientos de defensa o para garantizar el transporte ágil de tropas y material a zonas sin protección.
Con el mismo propósito, en todo el litoral mallorquín, aunque con más profusión en el sur, los prisioneros de guerra y represaliados construyeron hasta 180 nidos de ametralladoras y refugios defensivos y de vigilancia.
Mientras fue comandante militar de Baleares de 1933 a 1934 por designio del Gobierno de la República, Franco ya apreció la necesidad de reforzar la defensa de la isla, y tras su triunfo, en plena Guerra Mundial, ordenó ejecutar su plan con mano de obra forzada cuando aún temía que los Aliados pudieran usar Mallorca como puente para reconquistar la Europa en manos de los nazis.
"Los tenían mínimamente bien alimentados"
En Menorca, bastión republicano del archipiélago hasta febrero de 1939, los prisioneros forzados a trabajar durante la Guerra fueron derechistas cuya reclusión estaba teóricamente regida por la ley, aunque se produjeron matanzas indiscriminadas de presos en venganza por los bombardeos franquistas como las de la fortaleza de La Mola y el barco-prisión Atlante.
En la etapa republicana, "no hubo ni batallones de trabajadores; siempre utilizaron a los presos de sus prisiones para realizar los trabajos forzados" con propósitos defensivos. Tras la victoria sublevada sí se organizaron campos de reclusos que "arreglaron algún camino, alguna carretera, pero se centraron en reparar iglesias bombardeadas", asegura la historiadora.
Entre otros edificios de la Iglesia, los republicanos condenados a trabajos forzados rehabilitaron el convento de Santa Cecilia de Maó y la Catedral en Ciutadella, templo muy malparado por los saqueos, incendios e impactos de metralla y bombas.
Jaume estima que en total los trabajadores forzados en Menorca rondan el millar y en Mallorca sumarían unos 9.000, mientras que en Ibiza el uso de mano de obra reclusa no pasó de varias decenas de hombres enviados puntualmente desde Mallorca.
Aunque las condiciones de trabajo fueron en muchos casos penosas, "en los campos hubo poca mortalidad porque les interesaba la mano de obra y los tenían mínimamente bien alimentados", explica la especialista, que detalla que, junto a guardias civiles y militares, a la vigilancia de los contingentes de presos se sumaban falangistas que "se ponen en primera línea para guardar 'rojos'".
A partir del trabajo de Maria Eugènia Jaume, en diciembre de 2022 el Govern balear y el Consell de Mallorca iniciaron el despliegue de la señalización de 130 kilómetros de carreteras construidas por trabajadores esclavizados, un proyecto pionero en España del que solo una pequeña parte de los carteles sobrevive hoy al vandalismo.
