El Ayuntamiento de Maó ha dado un paso más en su estrategia para garantizar el acceso a la vivienda al plantear su declaración como zona tensionada, una figura legal prevista en la Ley de Vivienda que pretende dar respuesta al encarecimiento del mercado inmobiliario en contextos de fuerte presión residencial. Con esta medida, el consistorio busca herramientas para frenar una situación que consideran insostenible: el progresivo aumento de los precios de alquiler y compra de vivienda en relación con los ingresos de la población local.
Ser declarada zona tensionada significa, esencialmente, que una zona presenta un desequilibrio severo entre oferta y demanda de vivienda asequible. Esto se traduce en precios que crecen muy por encima del Índice de Precios al Consumo (IPC), una carga económica que impide a muchas familias acceder a un hogar digno. También refleja un déficit estructural en la oferta de viviendas y una limitación real a la movilidad geográfica, ya que muchas personas se ven obligadas a permanecer en la zona pese a no poder afrontar los costes.
La declaración como zona tensionada permitiría aplicar medidas de control, como la limitación de precios del alquiler o el fomento de vivienda pública. Cataluña ya ha experimentado con esta fórmula, con resultados diversos. Entre los beneficios señalados está la protección de los inquilinos frente a subidas abusivas de renta, la mejora en el acceso a la vivienda para jóvenes y familias con menos recursos, e incluso ciertos incentivos fiscales a pequeños propietarios que rebajan sus precios. Sin embargo, también se han detectado efectos secundarios como la reducción de la oferta de viviendas disponibles, el desánimo de propietarios ante las restricciones legales y una mayor incertidumbre normativa en el sector inmobiliario.
En paralelo a esta solicitud, Maó ha iniciado la cesión de terrenos públicos al Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), con el objetivo de impulsar la construcción de nuevas promociones de vivienda protegida. La parcela, situada entre la calle Gumersind Gomila y la Ronda, forma parte de los antiguos cuarteles de Santiago y estaba destinada hasta ahora a depósito municipal de vehículos. El Ayuntamiento considera que esta operación responde a una necesidad urgente de ampliar el parque de vivienda pública, especialmente en un momento en que el Govern balear se prepara para aprobar un nuevo decreto de vivienda.
Este decreto, fruto de un acuerdo entre Partido Popular y Vox, permitirá que los ayuntamientos autoricen la construcción de viviendas en zonas de transición —es decir, suelo rústico contiguo al urbanizable— sin que sea necesario agotar antes todos los terrenos ya clasificados como urbanos. Sin embargo, esta posibilidad vendrá condicionada por una justificación técnica que acredite la urgencia de aumentar la oferta residencial.
Desde el consistorio mahonés se defiende que el municipio ha demostrado ya su compromiso al poner suelo público a disposición del IBAVI y otros promotores de vivienda asequible. Proyectos como el de la calle Vasallo o el previsto en los antiguos cuarteles buscan dar respuesta a una presión demográfica creciente, pero también a una demanda social que exige soluciones urgentes.
Convertirse en zona tensionada sería, según el Ayuntamiento, una herramienta más para dar sentido al derecho constitucional a una vivienda digna. Frente a un mercado que no deja de escalar en precios, Maó apuesta por combinar planificación urbanística, colaboración institucional y regulación para intentar garantizar el acceso a la vivienda en condiciones justas y sostenibles.
Maó pide ser zona tensionada: ¿Qué implica eso?
