Además, incorpora medidas para facilitar y acelerar la construcción de vivienda pública, con un nuevo procedimiento exprés que se podrá aplicar a las nuevas promociones del IBAVI, y para aumentar la oferta de vivienda asequible para los residentes en todos los municipios de las Illes Balears. La ley, proveniente del Decreto Ley aprobado por el Consell de Govern a mediados de marzo, «refuerza el plan de choque iniciado esta legislatura para ampliar la oferta de vivienda asequible para residentes», a través de varias medidas y programas.
Més per Menorca
A juicio de Més per Menorca, el Govern de Marga Prohens ha perpetrado lo que califican como “uno de los peores atentados contra el equilibrio territorial y urbanístico”. Según la formación menorquinista, la nueva norma, impulsada por PP y Vox, abre la puerta a la construcción en suelo rústico, en las llamadas áreas de transición, incluso en municipios donde todavía hay suelo urbanizable disponible. Esta medida “rompe todos los criterios de planificación territorial y urbanística, y provocará distorsiones graves en la planificación de la movilidad, los servicios y los recursos naturales”, afirma su portavoz Josep Castells.
“Esta ley supone un auténtico despropósito. Están cambiando las reglas del juego para favorecer los especuladores, regalando plusvalías urbanísticas a promotores que ven como sus terrenos multiplican el valor de un día por el otro”, ha denunciado el portavoz menorquinista.
Castells ha alertado que estas modificaciones abren la puerta a indemnizaciones millonarias si en un futuro se quiere volver a proteger estos espacios: “El negocio no es construir, sino especular. Estos promotores esperarán a ser indemnizados cuando un nuevo Govern de izquierdas proteja los terrenos y estas indemnizaciones las pagaremos entre todos los ciudadanos”.
Además, desde Més per Menorca denuncian la sustitución de la Vivienda de Protección Oficial (VPO) por la Vivienda de Precio Limitado (VPL), una figura que, según crítica Castells, “no garantiza ningún acceso real a la vivienda para las clases trabajadoras, puesto que los precios son casi los de mercado”.
Otro punto especialmente grave que destacan los menorquinistas es la modificación de la amnistía urbanística para infracciones en suelo rústico protegido: “Con esta ley se amnistian todas las infracciones en solo ocho años. Es una carta blanca para delinquir urbanísticamente. El mensaje es devastador: haz el que quieras porque presto prescribirá y lo podrás legalizar”, ha manifestado Castells.
En cuanto al procedimiento parlamentario, Más por Menorca también denuncia graves vulneraciones de derechos: “PP y VOX han introducido enmiendas fuera de plazo, alterando completamente los textos legales en última hora e impidiendo el debate democrático. Han usado la mayoría absoluta para silenciar el resto de fuerzas. Estamos ante un fraude parlamentario.” Prohens emplea el Parlamento como un simple decorado para llevar a cabo ‘pelotazos’ y esto no solo es una falta de respecto a la institución, sino un ataque directo a la democracia y a la ciudadanía”, ha concluido el portavoz.
Más por Menorca ya estudia posibles acciones políticas y legales para combatir esta norma, que considera “ilegítima, antisocial y profundamente destructiva para el territorio”.
